(1) Quiero comenzar distinguiendo claramente estas dos expresiones: estar a favor de la eutanasia y estar a favor de la legalización de la eutanasia. Yo, personalmente, aún no sé cómo voy a terminar mis días y tampoco soy quién para aconsejar a mis lectores (la mayoría de los cuales me son desconocidos) cómo deberían llegar al fin de los suyos. En cambio, sí estoy seguro de la conveniencia, es más, de la necesidad de que en países como los nuestros se legalice la práctica de la eutanasia voluntaria o, cuando menos, del suicidio médicamente asistido. Luego será el paciente terminal mismo quien, llegado el momento, decida cómo afrontar su enfermedad y dolor.

Podría dar diversas razones que avalan mi posición políticamente liberal, pero hay una que es la principal y en ella me detendré. En una sociedad moderna y pluralista, cada ciudadano está facultado a vivir de acuerdo con el modo que él considera adecuado; en otras palabras, está facultado a tomar decisiones trascendentales para su existencia, mientras ello no afecte a terceros ni implique una forma irreversible e injustificada de autodestrucción. Concretamente, el Estado no puede impedirme vivir y morir de la manera que me parezca acertada, según la concepción del bien a la que adhiero. Insisto: dentro de un sistema ético-político liberal, ha de considerarse lícito todo acto que no ponga en riesgo la vida o los bienes de terceros ni represente una forma inexcusable de daño a uno mismo. Este es mi punto de partida.

Cuando una persona, aquejada por una enfermedad grave e incurable –fuente de innumerables dolores físicos y sufrimientos morales– decide poner fin a su vida con la asistencia de un médico, se propone realizar una acción que ni dañará a sus conciudadanos, ni constituirá un acto irrazonable de autodestrucción, ya que, debido al estado en que se encuentra, su vida ha perdido, para él, la calidad y el valor que la hacen digna de ser vivida. Aquí la opción por la muerte voluntaria solo equivale a acelerar un desenlace inevitable, ahorrándole así al paciente días, semanas o, incluso, meses de lo que, en su opinión, son pesares inútiles y degradantes.

Seguir prohibiendo el recurso a la muerte voluntaria equivale a continuar anclando la legislación del país en una concepción del bien fundada en una determinada cosmovisión religiosa o metafísica –como, por ejemplo, la cristiana–, concepción que puede ser relevante para muchos individuos, pero que ni es evidente por sí misma ni es, de hecho, compartida por todos los miembros de la comunidad. La imposición de un modo de pensar y de vivir a todos los ciudadanos es algo propio de una sociedad cerrada y autoritaria, no de una cultura abierta, que se precia de la libertad, la racionalidad y la tolerancia. El Estado, por tanto, debe ser lo más neutro posible respecto de las distintas concepciones del bien existentes en la sociedad, sin favorecer ni perjudicar a ninguna de ellas. Esta es la esencia del laicismo.

Quien pasa velozmente revista a la historia reciente de la medicina, no puede sino asombrarse del inusitado progreso biotecnológico, farmacológico y terapéutico acaecido. Nunca antes el arte de curar fue tan certero y efectivo, ni pudo beneficiar, como en Occidente, a cientos de millones de individuos. Pero el avance de la medicina ha acarreado un importante efecto secundario e indeseado, el de multiplicar y prolongar la duración de las situaciones de fin de vida de incontables pacientes. Vivimos mucho más y mucho mejor que en los siglos pasados, pero a muchos nos aguarda un final de vida largo, trabajoso e indigno, si no hacemos nada en contra. En este sentido, la introducción de la muerte asistida no hace más que contrarrestar ese efecto, al menos para todos aquellos que lo consideramos indeseable y evitable. Nadie puede estar obligado a volverse un moribundo mantenido artificialmente en vida. Más aún: toda persona, en tanto ser autónomo, racional y responsable, ha de poder establecer el modo y el momento de su muerte.

En síntesis, desde la perspectiva que ofrecen conjuntamente el liberalismo político y la ética centrada en la persona como ser dotado de autonomía, racionalidad y responsabilidad, la opción del enfermo incurable por acelerar la llegada de su muerte es una alternativa moralmente legítima. Por consiguiente, el orden jurídico de nuestras sociedades está llamado a incorporar el así llamado “derecho a la muerte digna”, como parte de la consolidación del marco de libertades acordadas a sus ciudadanos.

(2) ¿Existen argumentos atendibles contra la legalización de la eutanasia voluntaria? En mi opinión, la respuesta es clara: “No, no existen argumentos sólidos en contra, siempre que la ley regule adecuadamente la práctica eutanásica.” (Por eso, dicho sea de paso, considero importante que la eutanasia sea legalizada por medio de una ley emanada del Parlamento, en vez de ser solamente despenalizada por una resolución de la Justicia.) Toda vez que la práctica eutanásica se juridifique adecuadamente –y en ello países como Grecia y Argentina pueden recurrir al camino ya recorrido por algunos estados pioneros, empezando por Oregón en 1996–, no hay riesgos de que ocurran luego las temibles “aberraciones” que tanto vaticinan quienes se dejan guiar por fantasías y supersticiones.

Antes de hacer una breve mención a los argumentos que generalmente se presentan contra la eutanasia, permítanme señalar un hecho que considero innegable. Nos cueste admitirlo o no, lo cierto es que en toda sociedad hay prácticas sociales de todo tipo que podemos condenar o rechazar, pero que son imposibles de erradicar por medio de prohibiciones, por estrictas que sean. El consumo de alcohol es un ejemplo de ello. Podemos repudiar tal práctica, podemos por caso promover un consumo moderado de las bebidas alcohólicas, pero no podemos negar que el hombre desde que es hombre ha recurrido a fermentos que lo sumen transitoriamente en un estado mental alterado. ¿No es mejor, en vez de cegarnos ante la evidencia, aceptar los hechos, para poder así regular esas prácticas, con el objetivo de que su ejecución afecte al menor número posible de personas?

Digámoslo sin tapujos: en toda sociedad se ha practicado la eutanasia, solo que esa práctica se ha llevado a cabo de modo más o menos velado, según el nivel de condena social que ha recibido. Hoy, tanto en Grecia como en Argentina, se practica diariamente la eutanasia en los hospitales, solo que de manera oculta y enmascarándola con eufemismos de toda clase. Así, condenar estrictamente esta práctica significa, en ultima instancia, relegarla a la clandestinidad, y es allí, en esa zona que se sustrae a la legalidad, donde se dan los hechos más arbitrarios y aberrantes. Concretamente, el riesgo que se ponga fin a la vida de un moribundo contra su voluntad o sin su consentimiento es mayor en aquellas sociedades que condenan la eutanasia, que en los países que han reformado sus leyes de acuerdo al principio de la autodeterminación del paciente.

El argumento de la sacralidad de la vida no puede aplicarse incondicionalmente en una sociedad pluralista. Si alguien cree que la vida humana es un don divino y que, por tanto, es intocable, pues bien. Pero esa es su creencia y él no puede pretender que ese parecer se vuelva la base de la legislación moderna. Hay personas que no creen en el carácter sacro de la existencia. Además, alguien puede suponer que su vida es sagrada y que, no obstante, estamos facultados a intervenir en su curso (inicial, medio y final). De hecho, últimamente han surgido voces en las distintas religiones que señalan la compatibilidad de ambos puntos de vista: la vida es sagrada, nos dicen, pero, dado el caso, podemos recurrir a la muerte voluntaria para poner fin a una situación desmedidamente penosa y absurda. La posición del teólogo católico Hans Küng, del líder cristiano Desmond Tutu y de la Iglesia valdense son algunos ejemplos de tal apertura.

El argumento de la misión de la medicina es también infundado. No dudo de que la medicina, más allá de ser una profesión como cualquier otra, sea asimismo una vocación. Pero el deber del médico no puede ser el de prolongar a la fuerza la existencia biológica de un ser humano que decide cabalmente que ya no tiene sentido seguir viviendo. Es cierto que el médico no debe dañar, pero ¿no daña más un médico cuando impide que muera un paciente en agonía, si ello es lo que el moribundo desea? Por otro lado, el médico debe hacer el bien, pero en una sociedad pluralista bien no es un concepto con una definición unívoca, válida para todos. Hacer el bien es promover el bienestar del paciente y es este, el paciente, quien, al fin y al cabo, define qué constituye ese “bienestar” para él. La férrea oposición de los consejos médicos de distintos países a la legalización de la muerte voluntaria es, por tanto, infundada.

El argumento de la medicina paliativa no es sólido. Existen ya numerosos estudios que prueban que, incluso quienes disponen de un excelente servicio de cuidados paliativos, optan en algunos casos por la muerte voluntaria. No es casual que las sociedades con un buen servicio paliativo sean justamente algunas de las sociedades que permiten (o toleran) la eutanasia voluntaria: Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Canadá. Yo estoy a favor del desarrollo de la medicina paliativa y creo que es invalorable el esfuerzo de millares de médicos, enfermeros, terapeutas, etc., dedicados a paliar el dolor de los moribundos en nuestros países. Pero una cosa no quita la otra. Medicina paliativa de calidad y para todos, sí; legalización de la asistencia a la muerte voluntaria, también.

El argumento de la pendiente resbaladiza es, para mí, solo fruto del temor al cambio. En ninguna de las sociedades que se ha despenalizado o, incluso, legalizado el suicidio asistido y la eutanasia han aparecido los deslices que tanto pronosticaban los críticos. Oregón, que hace veinte años legalizó la ayuda al suicidio, no se ha desbarrancado en el abismo moral ni allí los médicos han terminado practicando actos bárbaros de eugenesia.

Por último, muchos se oponen a la legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido por creer que su oposición intransigente es una manera efectiva de proteger a los pacientes terminales más vulnerables. De hecho, suponen que, una vez legalizada la práctica, se manipulará y presionará a los enfermos debilitados física y mentalmente para que opten por poner fin a sus vidas, dejando de ser así una carga para todos. Pero la realidad desmiente una y otra vez esta opinión. Quienes mayoritariamente recurren al suicidio asistido son personas de clase media y alta, con buena formación escolar; son, en general, personas que a lo largo de sus vidas han sido activas, asertivas y autónomas. El perfil de quien recurre a la asistencia para morir no es el del típico viejecillo humilde e indefenso, sino el de quien ha contado con recursos económicos y culturales, ha tenido cargos medios y altos en empresas, universidades, etc.

Concluyo con esta observación: eutanasia, como sabemos, es una palabra de origen griego y significa ‘buena muerte’. ¿Cómo vivir bien?, ¿cómo morir bien?, esos eran temas recurrentes de la filosofía antigua. Y tanto en el pensamiento de los primeros filósofos como en la reflexión actual encuentro tres núcleos que constituyen el concepto de buen morir. Primero, la ausencia o la minimización de los dolores graves e incontrolables; segundo, la oportunidad: muere bien quien muere en el momento justo, ni mucho antes, ni mucho después de la fecha adecuada. Tercero, la autonomía: muere bien quien, a lo largo de su enfermedad y hasta el momento final, ve íntegramente respetadas su voluntad y su persona.

Sendero en torno al monte Licabeto, Atenas