El estado norteamericano de Nuevo México acaba de legalizar la asistencia médica para morir. De esta manera, se convierte en el noveno estado estadounidense en aprobar una ley que permite y reglamenta la práctica del suicidio asistido por el personal médico. (En Montana la ayuda a morir ha sido despenalizada tras una sentencia de la corte, de modo que es posible su realización, pero aún no ha sido reglamentada por una ley del parlamento estatal.)

Creo que esta noticia confirma la tendencia que se viene observando en el mundo occidental: cada vez más países despenalizan o directamente legalizan alguna de las modalidades posibles de la ayuda a morir, sea en la forma del suicidio asistido y/o de la eutanasia voluntaria.

Aún no he leído el texto de la ley –conocida como “the Elisabeth Whitefield End-of-Life Options Act”–, pero por las noticias tengo entendido que el proyecto aprobado se basa en el modelo pionero de Oregón. Aclaro que Oregón aprobó el suicidio asistido allá por 1994. Desde entonces, ese marco legal ha inspirado y servido de falsilla a los restantes estados de Norteamérica.

La única novedad de la flamante ley neomexicana es que reduce el tiempo mínimo de reflexión a tan solo 48 h. Es decir, si un paciente solicita la ayuda para morir y su solicitud cumple todos los requisitos establecidos (el paciente debe ser jurídicamente capaz y consciente de su decisión, además de encontrarse gravemente enfermo, con pronóstico infausto y presa de dolores físicos y/o psicológicos intolerables), entonces no es necesario que se dejen pasar dos semanas. Varias legislaciones establecen un plazo mínimo de 15 días entre la primera solicitud del paciente y su confirmación, para asegurarse que la decisión no ha sido tomada precipitadamente o bajo cualquier forma de presión psicológica.

Esta reducción del plazo mínimo en Nuevo México a solamente dos días se debe a un hecho recurrente: la mayoría de los pacientes que solicitan ayuda para morir se encuentran ya en un estado tan deplorable que su perspectiva de vida no supera el par de días. Obligarlos a esperar dos semanas implica dejarlos fallecer sin la ayuda que esperaban.

Una indicación para los que quieran profundizar en el tema: ya en 2019 Oregón había reformado su legislación al respecto, introduciendo la posibilidad de reducir la espera a tan solo 48 h en el caso de aquellos pacientes en estado terminal.