La eutanasia voluntaria y el suicidio asistido son legales en todo el territorio de Canadá desde 2016. La ley de ese país agrupa ambas prácticas en una categoría general, la de la asistencia médica a la muerte (medical assistance in dying).

A tres años de vigencia de la ley canadiense, son muchas las cuestiones que pueden debatirse. Un sector importante de médicos, juristas, bioéticos y de la población en general consideran, por ejemplo, que la ley ha constituido un primer buen paso, pero que ya va siendo hora de introducir ciertas modificaciones en el texto.

Más allá de la discusión en torno a la conveniencia o no de reformar y ampliar una ley de estas características a tan solo unos años de su adopción, lo cierto es que Canadá no terminó desembocando en la barbarie que vaticinaban los opositores: la sociedad no se convirtió en un “club de suicidas” ni se dieron las terribles consecuencias que se anunciaban. Por el contrario, ahora la persona gravemente enferma y sin posibilidades de cura, aquejada por sufrimientos físicos y morales, puede terminar sus días del modo que lo prefiera y en el momento que lo decida.

En este contexto es muy aleccionador releer algunos de los debates que se dieron antes y durante el proceso de deliberación que concluyó con la legalización definitiva de la eutanasia en 2016. Por ejemplo, hay un artículo de José Pereira que me gustaría comentar aquí. Pereira, un médico canadiense, eran en los años previos a la legalización un activo opositor con todas las credenciales universitarias.

En su artículo de 2011, “Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls”, aparecido en Current Oncology, vol. 18, núm. 2, Pereira pinta un escenario terrible. Mezclando un par de afirmaciones correctas con muchas imprecisiones y, sobre todo, con varias aseveraciones falsas, sostiene que los países que hasta aquel entonces legalizaron la eutanasia o el suicidio asistido se despeñaron, cayendo así en una pendiente de creciente permisividad que habría llevado a que cualquiera pueda terminar su vida caprichosamente o que un médico pueda matar legalmente a un paciente cuando se le ocurra que ya no tiene sentido mantenerlo en vida.

Quiero aclarar que el tema de la legalización de la eutanasia, como ya escribí en este blog varias veces, no es algo para tomar a la ligera, sino todo lo contrario. Deben existir controles y salvaguardias que aseguren la correcta aplicación de la ley. El hecho de que en Holanda se hayan encontrado algunas irregularidades no constituye una razón válida para repetir el consabido argumento de la pendiente resbaladiza y concluir que la legalización de la eutanasia inmediatamente conlleva a la corrupción de la moralidad.

Permítanme traducirles parte de la conclusión del artículo de Perreira: “En 30 años, los Países Bajos han pasado de la eutanasia de personas con enfermedades terminales a la eutanasia de aquellos que son enfermos crónicos; de la eutanasia por enfermedad física a la eutanasia por enfermedad mental; de la eutanasia por enfermedad mental a la eutanasia por abatimiento psicológico o por sufrimiento moral; y ahora a la eutanasia simplemente si una persona ha superado la edad de 70 años y está “cansada de vivir”. Los protocolos holandeses de la eutanasia han pasado asimismo de los pacientes conscientes que daban consentimiento explícito a los pacientes inconscientes incapaces de dar consentimiento. […] En los Países Bajos, la eutanasia ha pasado de ser una medida de último recurso a ser una de intervención prematura. Bélgica ha seguido este camino y hay pruebas preocupantes de surgen de Oregón […]” (pág. 43).

¡Qué disparates! Quien quiera descubrir todas las imprecisiones, las afirmaciones incorrectas y las falsedades sobre las que se basa Pereira, puede consultar el minucioso artículo de J. Downie, K. Chambaere y J. L. Bernheim, aparecido un año después en la misma revista (“Pereira’s attack on legalizing euthanasia or assisted suicide: smoke and mirrors”, Current Oncology, vol. 19, núm. 3, 2012).

Por lo pronto, el primer informe serio sobre la situación de fin de vida en Holanda fue el famoso Informe Remmelink, publicado en 1991, o sea, 20 años antes del artículo de Pereira. ¿De dónde extrae entonces las conclusiones que le permiten delinear la evolución de la sociedad holandesa a lo largo de tres décadas?

Que la aplicación de la ley en los Países Bajos no haya sido escrupulosa y que los controles y las salvaguardias holandesas dejen mucho que desear, es algo sobre lo que podemos y debemos dialogar. Pero el escenario apocalíptico que describe Pereira está lejos de ser exacto.

Además, si podemos decir que la situación es inquietante en los Países Bajos, no nos es dado afirmar lo mismo de las restantes sociedades que han legalizado la eutanasia y/o el suicidio asistido. Por lo que me consta, en Bélgica la aplicación de la ley no ha dado lugar al número de casos problemáticos de Holanda. De Oregón, que incluso legalizó el suicidio asistido un lustro antes que Holanda y que por lo tanto la ley ya cumplió 22 años de aplicación, todo lo que puede decirse es que el número de suicidios asistido ha seguido un ritmo constante: no se constata ningún precipicio moral.

Insisto: que la asistencia médica a la muerte sea algo delicado, es algo fuera de duda. Es absolutamente necesario contar con controles efectivos que aseguren el cumplimiento de los requisitos que estipula la ley. De lo que sí estoy seguro es de que los escenarios tremendistas de poco ayudan a una discusión seria sobre la legalización de la eutanasia.

Por otro lado, ¿cuál es la alternativa que proponen opositores como Pereira a la legalización? Al final de su artículo, este autor lo anuncia de pasada: medicina paliativa y sedación terminal. Sobre la primera no quiero detenerme, ya que considero que es fundamental la paliación pero que no soluciona todos los casos; es imprescindible, pero no es la panacea. Sobre la sedación terminal lo único que quiero decir ahora es que, en el contexto en que estamos discutiendo, no es más que una forma velada de eutanasia. Es curioso que un autor como Pereira se oponga a la legalización de la eutanasia voluntaria por una serie de razones –algunas atendibles, otras imaginarias–, para luego aceptar sin más reparos el uso de la sedación terminal, que acarrea muchos más riesgos de abuso que la práctica de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.