En lo que respecta a la muerte asistida (suicidio médicamente asistido y eutanasia voluntaria), el “caso típico” es aquel en el que el paciente, ya gravemente enfermo y sin perspectivas de mejoría, solicita al médico ayuda para morir; este, tras verificar que se cumplen las condiciones establecidas por la ley, secunda al enfermo en su deseo de poner fin a su sufrimiento. Tal proceso, por lo general, dura desde un mínimo de alrededor de dos semanas hasta un máximo de un par de meses (desde el momento en el que el paciente hace pública su petición hasta que su voluntad se materializa). Ahora bien, ¿qué ocurre en lo casos en que entre la petición legítima del paciente hasta su concretización median años enteros, incluso lustros? Estos casos, que a primera vista parecerían una rareza, pueden convertirse con el tiempo en normalidad, veamos por qué.

     A medida que en los distintos países se consolide la autonomía del paciente como principio ético fundamental y se reconozca el valor legal de las directivas anticipadas, los ciudadanos en esos documentos podrán establecer su deseo de ser asistidos para morir dignamente en casos como el de llegar a un estado avanzado de demencia senil. Pongamos un ejemplo: María es una mujer de unos setenta años que goza de plenas capacidades jurídicas. Debido a una serie de antecedentes familiares y a los resultados de algunos estudios realizados por su médico, María comprende que en su caso existe una cierta probabilidad de padecer alzhéimer en los próximos años. Efectivamente, poco tiempo después comienzan a manifestarse signos claros de la enfermedad en ciernes. La paciente, aún en pleno uso de sus facultades, redacta entonces un detallado documento en el que establece, entre otras cosas, su firme deseo de que se le practique la eutanasia una vez que la senilidad llegue a sus fases finales. Aquí lo que salta a la vista es que entre la legítima expresión de su voluntad en las declaraciones anticipadas y la ejecución de la eutanasia pueden mediar años, incluso una década entera.

     Casos como estos –que, repito, aún pueden parecer una rareza pero que ya hayan comenzado a darse en Holanda, país en el que la eutanasia voluntaria es legal desde 2002– nos enfrentan ante algunas cuestiones bioéticas de relevancia, sobre todo cuando tenemos en cuenta que en las sociedades desarrolladas y también en las sociedades en desarrollo, la esperanza de vida de la población continúa incrementándose; sin embargo, lo que es celebrado como un «logro de la medicina moderna» tiene un lado problemático, ya que así también aumenta el número de personas mayores que sufren enfermedades mentales.

     Dicho de otro modo: si hoy en día quienes más recurren a la muerte asistida (no solamente en Holanda sino en los restantes países que la permiten) son los enfermos terminales de cáncer, en el futuro esta realidad puede cambiar, a medida que el envejecimiento de la población traiga consigo un incremento de enfermedades neuropsicológicas degenerativas. Para muchas personas, la perspectiva de terminar en un estado avanzado de, por ejemplo, alzhéimer es una fuente de angustia mucho más importante que la perspectiva de ser presa de enfermedades incurables y dolorosas pero que no afectan principalmente las capacidades cognitivas.

     Lo que me interesa resaltar aquí es que estos casos, aún aislados, plantean importantes cuestiones bioéticas. La primera es la que ya expuse, la que tiene que ver con la distancia temporal que se interpone entre la solicitud de ayuda a morir y el cumplimiento de esa voluntad. Insisto: en lo casos típicos que hoy nos ocupan esa distancia va desde un par de semanas hasta un par de meses, pero rara vez supera el año.

     El segundo desafío es, quizá, más grave, y se relaciona con la modalidad de la práctica eutanásica. Y este fenómeno se presenta porque entre el yo que solicita la eutanasia y el yo que muere gracias a la asistencia médica no solo se intercalan varios años, sino una importante transformación de la identidad personal. Un ejemplo seguramente puede ilustrar este aspecto.

     Si Pierre, un ciudadano belga afectado por un implacable cáncer de pulmón, requiere la eutanasia hoy y se la practican de aquí a dos meses, el yo actual de Pierre y el yo que tendrá de aquí a dos meses bien pueden ser prácticamente el mismo. Pero entre el yo de María de entonces -supongamos que haya redactado sus directivas anticipadas en 2008 cuando el alzhéimer aún no se había manifestado- y su yo actual, diez años después, media no solamente mucho tiempo sino un cambio esencial de su identidad. El yo de María de 2008 podía ser el yo de una persona totalmente identificable con cualquiera de nosotros (yo que escribo, ustedes que leen), pero no es el caso de su yo de 2018: debido al estado avanzado de la enfermedad, imaginemos que ahora no logra reconocer ni siquiera a sus hijos o su esposo, necesita ser alimentada, etc. Y así llegamos a la cuestión de la modalidad que indicaba arriba: ¿cómo concretamente ha de practicarse la eutanasia cuando el paciente ya no está en grado de colaborar? Si el director del geriátrico holandés donde se encuentra María le formula la pregunta: “¿Cree que ya es hora de que le practiquemos la eutanasia tal como lo manifestó clara y repetidamente en sus declaraciones anticipadas diez años atrás?”, es sumamente probable que la paciente no esté en grado de responder. ¿Quién decide entonces cuándo ha llegado la hora? ¿Y cómo proceder? ¿Por ejemplo mezclándole primeramente un somnífero potente en la compota sin que se dé cuenta para luego inyectarle el fármaco letal?

     Mi posición al respecto es que estas nuevas realidades no hacen más que mostrar la importancia no solo de las directivas anticipadas sino de la correcta redacción de estas. Y lo que digo no es ninguna obviedad: un país como Italia recién ha reconocido el valor legal de las directivas hace un par de meses, y lejos se encuentra de legalizar siquiera el suicidio asistido.

     En los casos como los de María, las directivas anticipadas no solo deben expresar claramente el deseo de que se practique la eutanasia en casos de demencia avanzada, sino que deben incluir escenarios posibles. Por ejemplo, deben señalar posibles “detonantes” que indiquen cuándo ha llegado la hora de la eutanasia (establecer, por caso: “cuando, por el grado avanzado de deterioro cognitivo ya no sea capaz de alimentarme yo misma”, “cuando el tutor que he designado considere que ya ha llegado el momento”, etc.) y qué modalidad ha de seguirse (contemplar la posibilidad en el documento que se use alguna astucia como la del tranquilizante en la compota).

     Que quede claro lo siguiente: como sociedad tenemos el deber de acompañar a nuestros ancianos y de atenderlos adecuadamente, procurando que estén bien y sean felices incluso si sufren demencia. Pero hay personas que consideran que ese no es el futuro que desean para ellas mismas. Estas pueden pensar que la senilidad es un estado degradante que quieren evitar a toda costa, por contradecir la imagen que tienen de sí mismas y que quieren dejar a los demás (por ejemplo, la imagen de una persona activa, independiente, emprendedora, etc.). Por ello: si como sociedad tenemos el deber de socorrer a todos los miembros vulnerables, también tenemos la obligación de respetar a todos aquellos individuos que quieran hacer uso de su derecho a la autodeterminación. El así llamado “suicidio preventivo” o la “eutanasia preventiva”, esto es, terminar ahora que uno está lúcido con la vida, antes de que comience a actuar una enfermedad como el alzhéimer, no son propuestas viables. Desde el punto de vista ético considero más sólida la propuesta de reformar nuestra concepción de la práctica eutanásica y de las directivas anticipadas, para que la muerte asistida pueda practicarse sin problemas más adelante, como en el caso de María.