El Senado argentino ha rechazado hoy el proyecto de ley que buscaba legalizar el aborto en nuestro país. En realidad, la noticia no sorprendió a nadie, ya que el bloque de senadores que se oponía al proyecto contaba desde hace unas semanas con una cómoda mayoría. Por cierto, quienes pujábamos por la legalización no perdíamos la esperanza de que pudiera darse algún cambio de último momento, tal como había sucedido en la cámara de diputados.

Por un lado, la noticia es desalentadora. Y es desalentadora porque el rechazo significa que en nuestra sociedad las cosas seguirán desenvolviéndose como hasta ahora. Concretamente: esto significa que seguirá practicándose el aborto clandestinamente y en nada menos que en una cifra que oscilará, según la tendencia, entre las 370.000 y las 522.000 mujeres.

También significa que de esos abortos clandestinos, muchos no serán practicados ni por un personal sanitario competente ni con los medios adecuados; en consecuencia, un número que ronda las 60.000 mujeres en edad reproductiva deberá ser hospitalizado a causa de una mala praxis. Asimismo, una cifra de aproximadamente 250 mujeres terminará falleciendo por esta causa, con lo cual continuará siendo ésta la principal causa de mortalidad materna en Argentina… (¡Pero esto qué le importa a muchos senadores que votaron por el no, si ellos cuentan con los medios suficientes para que sus hijas o sus nietas reciban un tratamiento excelente en clínicas privadas del extranjero en caso de que “metan la pata”!)

Pero por otro lado, es posible hacer una lectura algo más reconfortante de lo ocurrido en el Congreso argentino en el último semestre. Al fin y al cabo, el tema fue tratado ampliamente por ambas cámaras y generó una increíble movilización de la sociedad civil. Durante los 12 años del gobierno del matrimonio Kirchner, el tema fue excluido del debate parlamentario, algo que contrastaba con la retórica progresista de esa corriente del peronismo. Ahora el tema se instaló definitivamente en la opinión pública, sin tapujos. Es probable que el proyecto vuelva a presentarse el próximo año en ambas cámaras, aunque probablemente el resultado final de la votación sea muy parecido. Recién en 2020, cuando se recambien los legisladores, habrá una chance de que la balanza se incline por el sí y se apruebe finalmente la ley. En democracia hay que saber perder y, al mismo tiempo, hay que ser perseverante. ¡Jamás darse por vencido! (Tal vez resulte ser cierto eso de que “la tercera es la vencida”…)

Mientras tanto, podría suceder que se despenalice el aborto, ya que paralelamente se discute la reforma del Código Penal. La despenalización, no obstante, no va a resolver las cosas, sobre todo porque no se habla de una despenalización total del aborto, sino solo de una parcial, esto es, que la mujer que aborta no sea después condenada. Pero esa medida no protegerá ni al médico, ni al farmacéutico, ni tampoco a las clínicas en que pueda practicarse el aborto. Así que todo seguirá “a media luz”, como dice el tango. ¿Qué médico, de su puño y letra, va a querer recetar mifepristona y misoprostol? ¿Qué farmacéutico va a querer venderlos a la luz del día? ¿Qué clínica va a ofrecer otras alternativas como la aspiración o el raspaje?

Y mientras tanto, mientras llega el 2019 o, mejor, el 2020, ¿qué hacer? Mucho, hay mucho por hacer. Yo creo que el lema de la Campaña Nacional es atinado: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En efecto, podemos empezar por la educación sexual. Allí hay un déficit enorme, porque ni siquiera las escuelas públicas de las zonas más progresistas de las grandes ciudades ofrecen la información adecuada en calidad y cantidad a los preadolescentes y los adolescentes. No está de más repetir que los embarazos indeseados son la principal causa de que las mujeres, muchas de ellas jovencísimas, busquen el aborto. Si nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes recibieran una cabal educación sexual, estoy seguro de que muchos de esos embarazos se evitarían. Sobre todo cuando a la educación se agrega el segundo pilar: el de disponer de los métodos anticonceptivos. Toda persona en edad reproductiva, desde que deja de ser niño, debería poder contar con los medios adecuados, desde el simple preservativo hasta la “píldora del día después”. En las regiones más pobres de nuestro país, la distribución debería ser gratuita e ir siempre acompañada de información clara y suficiente.

Estoy de acuerdo con quienes afirman que con el rechazo del Senado, el congreso perdió la ocasión de pasar una ley histórica, una ley que hubiese entrado a formar parte de los libros de historia que registran la evolución legal de nuestro país, evolución que, por tortuosa y lenta que sea, existe. Es más, se perdió la ocasión para fijar un precedente sobre todo para los restantes países latinoamericanos que siguen de cerca y estudian con detenimiento la marcha de la sociedad argentina. Si las cosas en lo que concierne el embarazo indeseado, el aborto inseguro y clandestino, la morbilidad y mortalidad maternas no están bien en Argentina, en otros países de la región están aún peor. Y la legalización en nuestro país hubiera supuesto un claro incentivo para que otros países hicieran lo suyo en esta materia y modernicen sus legislaciones.

En entradas anteriores ya discutí con detalle la dimensión estrictamente ética que tiene la cuestión del aborto. Allí analicé por qué creo que afirmar que “la persona empieza desde el momento de la concepción” es lisa y llanamente un acto de fe, muy parecido a sostener que “hace unos dos mil años una virgencita llamada María quedó embarazada sin haber tenido el mínimo contacto íntimo con un hombre” o creencias del estilo. Las respeto, las entiendo, pero no las comparto; y sobre todo me siento obligado a combatirlas cuando las iglesias las utilizan como el fundamento de una política concreta que luego afecta negativamente a millones de personas. Aquí quisiera cerrar señalando solamente dos aspectos que apuntan a las consecuencias prácticas, y no a los principios filosóficos del aborto:

• En primer lugar, los países que han legalizado el aborto no han visto un incremento del número de interrupciones del embarazo, sino lo contrario: una disminución. Por más que parezca contradictorio, el aborto es un problema y un problema grave que afecta sobre todo a las sociedades prohibicionistas.
• En segundo lugar, prohibir el aborto y cerrar los ojos a la realidad, no solo implica toda una tragedia para miles y miles de mujeres y familias (sobre todo, pobres), sino una onerosa carga para el Estado. Es cierto que el Estado al legalizar el aborto debe cubrir luego los costos de surgen de la nueva prestación que harán los hospitales públicos, pero con ello reduce a un mínimo los costos, mucho mayores, que año a año aparecen a raíz de las internaciones derivadas de las mujeres que han sufrido las consecuencias de un aborto clandestino mal practicado. Tomo solo una cifra del informe que recientemente lanzó el Guttmacher Institute: el costo anual del tratamiento postaborto en los países en vías de desarrollo asciende a 232 millones de dólares norteamericanos; en cambio, si esos países legalizaran el aborto, el costo sería de tan solo 20 millones de dólares.

Nota: el informe que acabo de mencionar, y que trata con rigor científico muchos aspectos sociales, además del económico, ha sido escrito por Sneha Barot y se titula “The Roadmap to Safe Abortion Worldwide”, Guttmacher Policy Review, 2018. Se puede descargar gratuitamente de la página web del instituto.