En el post pasado me había comprometido a decir unas palabras sobre le resolución que tomó recientemente la Comisión Nacional de Bioética y de Tecnoética (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής) acerca de la obligatoriedad que podría adoptar la administración de la vacuna anti-COVID-19 entre los miembros del personal sanitario.

¿Cuál es el problema de fondo? Para decirlo en pocas palabras, el problema de fondo es que en los países europeos y norteamericanos llegar a la cifra del 70 % de vacunación completa (o sea, en los casos que sea necesario, con las dos dosis), esto es, alcanzar la famosa inmunidad del rebaño, se está revelando una misión más difícil de cumplir de lo esperado. Y no porque falten vacunas, como pasa en los países más pobres del mundo (de hecho, en muchos países ricos en estos momentos hay exceso de vacunas, incluso de las vacunas que han demostrado ser las mejores en términos de seguridad y eficacia).

El punto es que si uno deja de lado a los niños (que al menos hasta ahora no entran en el programa de vacunación) y a los inmigrantes y refugiados indocumentados (que, por definición, no entran en las estadísticas oficiales del gobierno), y si además uno excluye a todos aquellos que no quieren vacunarse por distintos motivos (desde los que no van a vacunarse por simple dejadez hasta quienes reniegan por motivos ideológicos de cualquier tipo –religioso, político, etc.–), dar con la ansiada cifra del 70 % se vuelve todo un desafío.

Lo que acabo de exponer es el cuadro general. Ahora, dentro de ese marco, hay un problema específico que es el de los trabajadores de la salud, que incluye desde médicos especializados hasta empleados administrativos, que se resisten a vacunarse. Hasta mediados de junio de 2021, la situación en Grecia era la siguiente:

• El porcentaje de vacunación de los profesionales de la salud que trabajan tanto en el sector público como en el privado (médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio) llegaba al 70 %. En otras palabras, un 30 % de los médicos, enfermeros y técnicos no desean vacunarse.
• El porcentaje de vacunación del personal administrativo y auxiliar (contadores, secretarios, recepcionistas, cocineros, electricistas, etc.) que trabajan tanto en el sector de la salud público y privado ascendía tan solo al 54 %. En otras palabras, casi la mitad del personal de estos rubros no quiere vacunarse.
• El porcentaje de profesionales de la salud, de empleados administrativos y de auxiliares médicos que se desempeñan en el cuidado de los distintos grupos de pacientes vulnerables (ancianos, personas con discapacidades de diversos tipos, etc.), era, como en el caso anterior, también del 54 %. O sea, lo mismo acá que allá, casi la mitad no piensa ponerse la vacuna.

Insisto: estas cifras no se deben a la falta de vacunas, ya que no solamente hay disponibilidad en todo el territorio griego, sino que estos grupos fueron los primeros en ser convocados a la vacunación, cuando al comienzo (enero y febrero de 2021) las dosis se racionaban en función de la edad y la ocupación.

El problema específico aquí no es la negativa a vacunarse de varios miles de personas (si bien es cierto que para alcanzar la cifra del 70 % de vacunación total todos los tantos cuentan), sino que estos son los grupos más expuestos a contagiarse (ellos mismos) y a contagiar a personas vulnerables (los pacientes de los hospitales, los residentes de las casas de retiro para ancianos, etc.). Además de ello, la eventualidad de que estos sectores se enfermen representa un grave trastorno en el sistema de salud, sobre todo en las intensas oleadas de COVID-19 como las que hemos pasado en 2020 y 2021. Para decirlo gráficamente: cuando se contagia un médico, un enfermero o un paramédico y, por no estar vacunado, enferma de COVID, no solamente sufre él o ella, su entorno familiar y el grupo de pacientes con los que ha tenido contacto últimamente, sino que su ausencia por enfermedad pone en jaque el buen funcionamiento del hospital, de la clínica, del centro de cuidados, etc., justamente en el momento en que tendría que estar funcionando a todo vapor, esto es, en los períodos de mayor gravedad epidemiológica.

La pregunta concreta que aquí se plantea es esta: dada esta situación en un país como Grecia, ¿está éticamente justificada la introducción de la obligatoriedad de vacunar contra el COVID-19? ¡Atención! Nadie pone en duda, ni yo ni los miembros de la comisión, que la autonomía y la libertad individual son principios claves en una sociedad moderna y democrática. El punto es, más bien, si en este caso concreto no es quizá justificable limitar esa autonomía y esa libertad con vistas a superar la grave crisis en que los ha sumido a todos la pandemia.

Demás está recordar que hay países modernos pero no democráticos, como la República Popular China, en que esta cuestión ni se discute. Allí la vacunación avanza a pasos agigantados sin que los ciudadanos puedan eludirla alegando motivos religiosos, políticos o lo que fuera. Hay otros países, modernos y democráticos, como Italia, que dijeron basta. El que no quiera vacunarse, muy bien, que no se vacune, pero que por favor no trabaje en el sector de la salud. (Con el decreto del 1º de abril de 2021, el personal que se niega a vacunarse ha sido transferido a otros sectores sin trato directo con pacientes o bien se le ha dado licencia sin goce de sueldo por un año.)

¿Qué aconseja la comisión helena? La comisión ha expresado su punto de vista en una resolución en la que examina los pros y los contras de la obligatoriedad en el caso específico de los trabajadores del ámbito de la salud. Por un lado, ve la necesidad imperiosa de que esos grupos se vacunen lo antes posible pero, simultáneamente, teme que el carácter obligatorio termine siendo contraproducente, esto es, teme que si se establece la obligatoriedad, el rechazo y la rebeldía van a aumentar o, al menos, van a consolidarse, con lo cual se terminaría arribando a un resultado peor que el que se tendría de otro modo.

Vayamos por parte. Por un lado, la comisión desarrolla tres argumentos de peso que avalan la obligatoriedad de la vacunación. El primer argumento tiene que ver con el principio médico de no maleficencia. Concretamente, si la primera cosa que debe hacer un médico, un enfermero, etc., es no dañar (primum nil nocere), entonces es necesario que esté vacunado, porque la vacunación, según todos los estudios científicos disponibles, reduce significativamente tanto el riesgo de contagiarse (uno mismo) como el de trasmitir el virus a otros. El segundo argumento se vincula con otro principio bioético central que es el principio de la justicia. Como más arriba indicaba, si los trabajadores médicos y paramédicos se contagian y se enferman, ponen en riesgo el funcionamiento global del sistema de salud, con lo cual este se ve impedido de ofrecer sus servicios a todos los enfermos y con la mejor calidad posible, especialmente en los momentos más críticos. El tercer argumento se refiere a la ejemplaridad. Está claro que si una población ve que todos sus médicos, enfermeros, auxiliares paramédicos, etc., se han vacunado, esta se siente motivada a imitar el buen ejemplo dado por esos “ciudadanos de referencia”. En cambio, si la gente ve que si una tercera parte o incluso casi la mitad de los trabajadores de la salud no se vacunan, como es el caso en Grecia, el desincentivo y la falta de confianza generalizados aumentan.

Aun cuando los argumentos expuestos por la comisión ya serían suficientes para apoyar la obligatoriedad de la vacunación del sector vinculado a la salud, existe un contraargumento de tipo consecuencialista que debemos considerar. Según este tipo de razonamiento, es mejor ganar la adhesión de la gente por las buenas que por las malas. Todos sabemos que hay casos, en los distintos ámbitos sociales, en que simplemente se pierden adeptos a una buena causa cuando se introduce el carácter obligatorio de determinada acción.

¿Cuál es entonces la propuesta de la comisión? La comisión recomienda la adopción de un “enfoque de iniciativas escalonadas” (προσέγγιση κλιμακούμενης πρωτοβουλίας), empezando con más y mejores campañas de concientización, pasando por incentivos de todo tipo que lleven a la gente a vacunarse, hasta llegarse, por último, a la obligatoriedad pura y dura, tal como la adoptada, por ejemplo, en Italia. En otras palabras, la comisión supone que si se hacen más y mejores campañas informativas, y que si además se adoptan incentivos económicos, simbólicos, etc., el personal renuente va a cambiar “por las buenas” su parecer y va a ir a vacunarse.

En lo que a mí respecta, no estoy muy de acuerdo con la resolución de la comisión y creo que ha adoptado una posición pusilánime o, para decirlo de un modo más elegante, demasiado prudente. Por un lado, estoy de acuerdo con la necesidad de organizar más y mejores campañas de información y concientización. Es más, ya en posts pasados mencioné este déficit de la estrategia del gobierno griego. ¡Pero hace meses que debería haberse empezado a suministrarle a la gente más información y de un modo más accesible, para que así, por sí sola, tomara conciencia del riesgo de no vacunarse y de los muchos beneficios, para ellos mismos y para todos, de hacerlo!

No perdamos de vista que acá el problema es otro. Los médicos, enfermeros y auxiliares renuentes a vacunarse no van a cambiar de opinión porque el gobierno lance ahora, en pleno verano, una o dos campañas más de vacunación. Seamos realistas: ahora no es ya el momento. Esto tendría que haber empezado en febrero mismo. Grecia necesita urgentemente alcanzar el umbral del 70 % en las próximas ocho semanas. Por más que el gobierno gaste millones de euros contratando a las mejores empresas publicitarias, la situación en el sector de los trabajadores de la salud no va a cambiar sustancialmente.

Por otro lado, la comisión hace mal en su publicación en no desarrollar ejemplos específicos y convincentes de lo que sería un buen sistema de incentivos o, dado el caso, de desincentivos para que los ciudadanos “no vacunas” vayan rápidamente al centro de vacunación más próximo. Decirle a un enfermero que se vacune por favor así no tiene que usar doble mascarilla ahora que hace calor ni tomarse el trabajo de someterse a un molesto test de antígenos todas las semanas me parecen medidas insuficientes.

En mi opinión, la comisión tendría que haber trabajado codo a codo con las demás comisiones de expertos y con los representantes de los distintos grupos de trabajadores del sector de la salud para individualizar una serie de incentivos positivos o negativos muy concretos que cambien finalmente la situación que estamos discutiendo. ¿Qué tal por ejemplo ofrecerle un bono de 200 euros al trabajador que se vacuna con las dos dosis? ¿O de recortarles las vacaciones anuales en dos semanas a los rebeldes (o sea, el tiempo que pasarían en observación en sus casas de contagiarse incluso sin desarrollar los síntomas)?

Mi conclusión es la siguiente. El tiempo apremia. Estamos terminando junio y, al menos aquí en Grecia, julio y agosto son tradicionalmente los meses de veraneo, de relax, de desenchufe. A partir de setiembre, cuando se reanuden todas las actividades laborales, académicas, escolares, etc., y, además, cuando vuelva el otoño y con ello aparezcan los primeros signos de la famosa cuarta oleada (no nos engañemos, vamos a tener una cuarta oleada en Europa), ya para entonces la sociedad griega debería contar con la protección inmunitaria deseada, la del 70 % de la población vacunada con las dos dosis (la última dosis efectuada, a más tardar, la primera semana de agosto, porque, como se sabe, el sistema inmunitario necesita al menos dos semanas para generar la respuesta buscada).

Para alcanzar este objetivo y no tener que volver al confinamiento ni al aumento exponencial de contagios, de ingresados en terapia intensiva y, finalmente, de muertos, es necesario echar mano a todos los recursos disponibles. Uno de esos recursos es la obligatoriedad de la vacunación para los trabajadores ligados a la salud, en cualquiera de sus dimensiones. El gobierno griego, en mi opinión, debería decretar sin demoras la obligatoriedad de la vacunación, siguiendo un modelo parecido al italiano.