El año próximo entrará en vigor la ley que permite el recurso al suicidio asistido y la eutanasia voluntaria en la provincia de Quebec. (El ley, conocida como Bill 52, puede consultarse aquí.) Con ello, esta región canadiense se suma a la lista de estados que han legalizado la eutanasia y/o el suicidio asistido.
Es curioso que en el proyecto de ley no se mencionen ni una sola vez las expresiones “suicidio asistido” o “eutanasia”. Se habla, en cambio de “ayuda médica para morir” (“medical aid in dying”). A primera vista, esta opción puede parecer injustificada; podría pensarse que se están reemplazando por un eufemismo términos que han sido definidos y analizados con precisión tras largos debates filosóficos y jurídicos. De todos modos, cuando se reflexiona sobre la cuestión, se vuelve comprensible la opción de los legisladores quebequenses. “Suicidio asistido” y “eutanasia” son términos que despiertan connotaciones negativas en la población. Al fin y al cabo, una buena parte de los médicos y las instituciones sanitarias de Quebec pretenden ayudar al paciente a que éste termine con una existencia que se le ha convertido en una carga insoportable y degradante debido al estado avanzado e irreversible de la enfermedad que padece. Se asistirá, así, al paciente para que éste acabe de manera digna con su propia vida suministrándose él mismo el fármaco letal (por ejemplo, bebiendo un elixir de pentobarbital). En caso de que el paciente sea incapaz de administrarse la dosis necesaria (por problemas de motricidad o por motivos psicológicos), este podrá solicitar a un tercero, esto es, al médico, que realice el “gesto final”.
(Una acotación al margen: basta pasar rápidamente revista al lenguaje que usan periodistas, juristas y políticos todos los días para darse cuenta cuán frecuentemente se usan términos vagos, supuestamente neutrales, para referirse a determinados eventos o grupos de personas que en el pasado era estigmatizados. Por ejemplo, la palabra “discapacitado” suena brutal hoy en día, aún cuando se la profiera sin la intención de discriminar a una persona con “necesidades y aptitudes diversas”. No me extraña, por tanto, que en el debate en torno a la eutanasia comiencen a imponerse nuevos términos y giros.)
Lo que me parece importante es notar que en Quebec la legalización de la eutanasia forma parte de una reforma legal mucho más amplia, que busca garantizar una asistencia integral al enfermo terminal (la expresión clave es “end-of-life care”, esto es, “cuidados al final de la vida” o “cuidados propios de la etapa final de la vida”). De hecho, la ley tiene como objetivo principal impulsar un mejor servicio de medicina paliativa en toda la provincia. En tal contexto, la eutanasia y el suicidio asistido se entienden como uno de los recursos que componen la “oferta” de cuidados paliativos a garantizarse.
Ese aspecto merece ser remarcado porque aún es frecuente presenciar debates entre defensores de la eutanasia y partidarios de la medicina paliativa en los que el recurso a la eutanasia parece ser algo totalmente reñido con los cuidados paliativos. La ley quebequense pretende zanjar de una vez por todas el debate, mostrando que ambas esferas son compatibles entre sí. El paciente terminal tiene no solo el derecho a una adecuada asistencia paliativa – por ejemplo, a una óptima terapia del dolor, a la asistencia psicológica, etc. -, sino que también tiene la posibilidad de terminar con su existencia de una forma digna, toda vez que no desee someterse a tales terapias o que vee que no le ofrecen el bienestar que esperaba.
Bien entendida, la lucha por la legalización de la eutanasia es un capítulo en la batalla más amplia por lograr una excelente medicina paliativa para todos los ciudadanos de un país. La una implica a la otra. Es cierto que muchos pacientes terminales podrían elegir “seguir viviendo” si tuvieran una asistencia paliativa adecuada, como subrayan los opositores de la eutanasia; pero también es correcto que muchos pacientes que, de hecho, tienen acceso a tal asistencia deciden ponerle fin a su existencia. La medicina paliativa representa un gran avance en la medicina en general, pero no es una panacea. La prueba es que justamente los países que cuentan con unos de las mejores servicios de asistencia paliativa en todo el mundo (Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suiza y Canadá) son al mismo tiempo las sociedades que reconocen la necesidad de dejar al enfermo terminal que opte cómo y cuándo terminar sus días.
De seguro, con la entrada en vigor de la ley en 2015 no veremos a miles y miles de pacientes quebequenses formando fila para terminar sus vidas. En Holanda, el tres por ciento de la población recurre a la eutanasia, mientras que en Bélgica y Luxemburgo la cifra ronda solamente el uno por ciento. En los tres países europeos la cifra no se ha modificado sustancialmente en los últimos diez años. Legalizar la eutanasia no implica desencadenar un cambio radical en la manera cómo muere la población de un país. Significa, por el contrario, otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de ejercer un derecho, el “derecho a morir”. Será siempre una minoría de la ciudadanía la que haga uso efectivo de tal derecho.
Por otro lado, ni en Holanda, ni mucho menos en Bélgica o en Luxemburgo, la legalización de la eutanasia ha generado la catástrofe que presagiaban varios conservadores. En Bélgica y en Luxemburgo no han habido casos significativos de abusos en la práctica de la eutanasia. En Holanda – es necesario reconocerlo – sigue siendo problemático el número de pacientes que son sometidos a la sedación terminal o a los que directamente se les practica la eutanasia sin previo consentimiento – o incluso contra su voluntad. Este aspecto es gravísimo, porque se trata lisa y llanamente de crímenes. De todos modos, es necesario insistir en que en Holanda tales abusos se cometían mucho antes de la legalización de la eutanasia voluntaria. Todo lleva a pensar que la legalización de la eutanasia en ese país no trajo aparejado ni un incremento ni una disminución de los casos de abuso, esto es, de los casos en que los médicos – sea por sentimientos de piedad y misericordia, o por la necesidad de disponer de camas para nuevos pacientes – acaban con la existencia de los moribundos sin el consentimiento de estos.
En todo caso, no existe ninguna razón para pensar que las sociedades que prohíben el recurso a la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido (aún la mayoría de los países del mundo) sean sociedades respetuosas de la autonomía e integridad de sus moribundos. Por el contrario, sospecho que hay muchos más abusos, si bien encubiertos, en aquellos países que se declaran contrarios a toda forma de muerte voluntaria.
Por último, la ley quebequense promueve una nueva manera de comprender la misión del médico. El objetivo de la medicina no es intentar curar al paciente a toda costa, sin atender al estado en que se encuentra, a las perspectivas de vida que tiene y, sobre todo, a sus deseos y preferencias. El fin último de la medicina es incrementar el bienestar del paciente. En la mayoría de los casos, no hay duda, tal bienestar se logra ofreciendo una cura efectiva. Pero en algunos casos, en particular, en el caso concreto de los enfermos terminales, el bienestar debe entenderse de otra manera. Si el paciente así lo desea, el hecho de acelerar la llegada de la muerte puede ser la mejor manera de incrementar el bienestar del paciente. Acortar la fase final de un paciente gravemente enfermo, suministrarle una sustancia tóxica, suspender un tratamiento “extraordinario” en aquellos casos que el paciente lo solicita de manera libre y responsable, no pueden seguir considerándose actos absolutamente prohibidos para el médico.