Debería causarnos indignación (¡o al menos risa!) el hecho de que el destino de nuestras sociedades esté en manos de un puñado de especuladores financieros. Estamos pendientes, de un modo vil, de las reacciones de los “mercados financieros” ante cualquier estornudo político o malhumor social. El hombre de la calle tomará esos caprichos como si fuesen caprichos de la naturaleza o de una voluntad divina. Alguno, más atrevido, creerá ver en el sistema de las finanzas una suerte de Frankenstein, un ser que hemos creado nosotros mismos, con nuestras propias manos, y que ahora se nos ha escapado, amenazando con destruirnos en cualquier momento.
El ideal sería reformar el sistema financiero internacional, pero tal propuesta es justamente eso, un ideal: algo a lo cual debemos tender, pero que, de por sí, es arduo, si no imposible de alcanzar.
Sin embargo, creo que debemos dejar de pensar que la culpa de todo la tienen los especuladores y sus secuaces. Una gran parte de la responsabilidad la tienen los mismos gobiernos al endeudarse más allá de un cierto límite. Una tarea factible sería fijar claramente una frontera, más allá de la cual un estado no debería seguir endeudándose si no quiere que sus bonos se conviertan en basura. Quedará en manos de especialistas determinar si un estado como Grecia no debería contraer una deuda superior al 60 ó 80% de su PBI. Lo cierto es que más allá de esa línea, el gobierno debería hacerle saber a la población que ha entrado en un estadio de altísima vulnerabilidad. A la gente debería decírsele sin rodeos que, o se reduce a partir de ese mismo momento el gasto de un modo más o menos drástico, o se entra en una fase en la cual el país pierde credibilidad ante los ojos de los compradores de bonos y que, por tanto, cada vez deberá emitir más bonos basura para financiar una deuda que se incrementará sin cesar.
Insisto: Así como un gobierno tiene la obligación de alertar inmediatamente a la población ante un riesgo sanitario, ejemplo, una epidemia, del mismo modo debería procederse cuando la deuda pública supera el límite fijado por un cierto porcentaje del PBI del país, sea del 60 o del 80%. Debería informarse a la población que a partir de ese momento, o se reforma la política de gastos, o se entra en las arenas movedizas de las finanzas internacionales, con todas las consecuencias que ya se sabe que ello acarrea.