En reiteradas ocasiones escuché este argumento contra la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido: “En nuestro país no existe una buena prestación de medicina paliativa para todos los ciudadanos. Si legalizamos la eutanasia, lo que sucederá es que las autoridades dejarán de experimentar presión para invertir más en la paliación. El desarrollo de esta forma de medicina se detendrá en el punto en que está, e incluso es posible que vuelva unos pasos atrás. Por lo tanto, no debemos abogar por la introducción de la muerte asistida hasta no contar con un muy buen cuidado paliativo para todas y todos los enfermos que lo requieran.”

Lo primero que quisiera notar aquí es que este no es un argumento contra la eutanasia y el suicidio asistido como tales. No dice que sean prácticas éticamente erróneas en sí, sino solamente que su legalización poseería un efecto negativo en el desarrollo de la medicina paliativa, un tipo de medicina que, en países como Argentina, tiene mucho camino por delante.

Mi primera respuesta a este razonamiento es que se basa en un temor infundado. No hay nada que nos permita asegurar fehacientemente que la introducción de la muerte asistida lleve a una desinversión o a un desinterés comunitario en el área de la medicina paliativa. El punto está en que la eutanasia y el suicidio asistido no son una alternativa a la paliación, sino un complemento: son abordajes complementarios, no antagónicos. La presión ciudadana por un mayor desarrollo de la medicina paliativa es independiente de la posibilidad de terminar la propia vida gracias a la asistencia médica.

Téngase asimismo presente que, mientras que un número muy significativo de los ciudadanos que actualmente están sanos requerirán algún tipo de paliación en el futuro –en la fase final de sus vidas–, solo una cifra muy pequeña se decantará por la eutanasia o el suicido asistido –en el caso de que finalmente logren legalizarse estas prácticas en los próximos años–.

Mi segunda respuesta al argumento en cuestión es que pasa totalmente por alto la realidad del paciente que hoy desea poner fin a su vida porque no resiste más el dolor y la indignidad que le genera la enfermedad grave e incurable que padece. ¿Puedo, por ejemplo, responderle a un enfermo terminal que solicita la eutanasia que no, que no vamos a satisfacer ese deseo suyo hasta que en el país no haya un buen servicio paliativo? ¿Cuántos años o, mejor, cuántas décadas necesita una nación como Argentina para desarrollar una medicina paliativa satisfactoria? Seguramente, bastantes. ¿Y qué vamos a hacer entonces con ese moribundo que necesita una respuesta ahora, no de acá a veinte, treinta o cuarenta años? En otras palabras, la discusión sobre los supuestos efectos negativos de la introducción de la eutanasia ignora la realidad concreta del paciente que hoy espera una respuesta acorde a su situación.

La conclusión es que, como ciudadanos, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance tanto para que mejore la oferta paliativa en Argentina (y en tantos otros países) como para que se incorpore el derecho a la muerte asistida.