La «privatización» de la muerte: ¿fin o nuevo giro?

Los sociólogos históricos hablan con frecuencia de los distintos procesos de privatización que han tenido lugar en nuestras sociedades, especialmente desde finales del siglo XIX y luego durante todo el siglo XX. Por privatización se entiende aquí la reclusión o el confinamiento de un determinado aspecto de la vida social en un ámbito privado. Así, por ejemplo, la sexualidad durante la época victoriana se fue privatizando: prácticas que antes ocurrían en público pasaron a ser confinadas en la esfera privada (en la intimidad del cuarto oscuro).

En esta línea, Michel Foucault estudió cómo la locura ha sido privatizada durante la Modernidad. El loco dejó de circular libremente, “públicamente”, por las calles de los pueblos y ciudades, donde era considerado un vocero de mensajes crípticos, para pasar a ser visto como un enfermo que debía ser recluido en una institución determinada, el “loquero”, con el fin de obtener allí dentro el tratamiento adecuado en manos de especialistas.

La sexualidad se relega a la intimidad del lecho, la locura a la clínica psiquiátrica, la pena por los delitos a las cárceles amuralladas, las enfermedades a los hospitales especializados… es larga la lista de los aspectos sociales que han ido siendo privatizados en el último siglo y medio. Pero uno de los aspectos que me interesa señalar ahora es el de la muerte. El proceso de morir también evolucionó: dejó de ocurrir en las casas bulliciosas para confinarse a la soledad y esterilidad del cuarto de terapia intensiva; del mismo modo, el cadáver dejó de ser preparado y velado en el propio hogar para ser tratado profesionalmente por empresas que ofrecían el servicio del velatorio moderno, etc.

Notemos que en nuestras sociedades, la mayoría de las personas de menos de treinta años nunca ha visto un muerto (mejor dicho, nunca han tenido trato directo, ni siquiera visual, con la muerte, aunque sí han visto muertos, y a centeneras, en el cine, la televisión, los videojuegos, etc.).

Aquí hay que recordar el trabajo seminal del sociólogo Norbert Elias, en particular uno de sus últimos tratados, La soledad de los moribundos (publicado en alemán en con el título Über die Einsamkeit der Sterbenden in unseren Tagen, en 1982).

En ese libro, Elias no solamente analiza convincentemente el proceso de privatización de la muerte que él mismo pudo observar durante su larga vida (1897-1990), sino que sugiere una tesis interesante. Según este autor, los procesos de privatización no son ni irreversibles ni lineares. Raramente un proceso social sigue un rumbo preciso como si fuese una flecha lanzada hacia un blanco; los procesos de la sociedad son zigzagueantes como el curso de un río de llanura y a veces, dadas ciertas condiciones, incluso pueden hacer reversibles ciertas tendencias.

De esta suerte, Elias veía que la sexualidad, por tanto tiempo duramente reprimida (privatizada), había vuelto, aunque sea en parte, a hacerse pública. En cambio, sostenía que durante las últimas décadas del siglo XX, en los países avanzados la muerte se había vuelto el nuevo gran tabú de nuestra cultura; la muerte entraba en su “época victoriana”.

Algunos sociólogos, siguiendo el razonamiento de Elias, aventuran la tesis según la cual en los últimos años estamos comenzando a ver una suerte de “relajación” del confinamiento impuesto a la muerte. Sin duda, la muerte sigue siendo algo privado, pero lentamente van abriéndose ciertas grietas. Según Liz Stanley y Sue Wise, la muerte asistida (en forma de eutanasia voluntaria y de suicidio con la asistencia del médico) es un claro ejemplo de esta tendencia en dirección contraria. Volvemos a hablar de la muerte (en la defensa del derecho a la muerte digna), volvemos a traer al moribundo a su casa (gracias a la medicina paliativa) y, en vez de dejarlo solo, lo asistimos en su determinación de poner fin a su agonía.

Creo que la propuesta de ambas autoras es, a lo sumo, una hipótesis que, eventualmente, debería ser reformulada con más detalles y luego contrastada con los datos que nos brinde la realidad. Quizás el movimiento por la muerte asistida y la asistencia concreta al enfermo terminal no sean una (saludable) “vuelta atrás” del proceso de privatización del morir, sino más bien un giro, tan solo un ribete del proceso general de confinamiento de la muerte al espacio privado. El que haya un debate público en torno a la legalización de la eutanasia, el que películas como Mar abierto de Alejandro Amenábar hayan obtenido un eco inusitado, el que cada año en Holanda, Bélgica, Canadá, etc., mueran miles de personas gracias a la asistencia de un médico, no significa probablemente que la muerte esté volviendo al espacio público ni a formar parte de nuestra cotidianidad: tal vez es solamente uno de los meandros de ese “río de llanura” que es la evolución social.

Bibliografía:

Liz Stanley y Sue Wise, «The domestication of death: the sequestration thesis and domestic figuration», Sociology, vol. 45, núm. 6, 2011

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Dime cómo vives y te diré lo que piensas (acerca de la muerte)

Nuestras sociedades, incluso las más “desarrolladas”, son una amalgama en la que sectores tradicionalistas conviven con grupos que defienden posiciones modernas y hasta posmodernas. Es una simplificación excesiva decir “tal país es rural y tradicionalista, en cambio tal otra nación es industrial y progresista”, como si en el interior de cada sociedad existiera uniformidad.

Esta diversidad de grupos sociales y de concepciones del mundo dentro de cada sociedad también se manifiesta cuando se quiere investigar qué entiende la gente por buena vida y buena muerte y, más específicamente, qué posición adopta frente a la cuestión de la legalización de la eutanasia voluntaria y/o el suicidio asistido.

Como señalan Aguiar y sus colegas, España ha cambiado drásticamente en los últimos cincuenta años, en los que dejó de ser una sociedad católica férreamente sometida a una dictadura para convertirse en un país moderno, industrializado y pluralista. Como en cualquier otra sociedad de este tipo (entre las que cabría mencionar Portugal, Italia, Grecia, etc.), hay diversos sectores de la población que enarbolan diferentes tipos de posiciones frente al tema de la buena muerte.

Los autores, que llevaron a cabo una serie de encuestas en el territorio español, agrupan las respuestas obtenidas en tres grandes categorías: tradicionales, modernas y posmodernas. Una postura típicamente tradicional sostiene que “la vida no nos pertenece” y que “no somos nosotros quienes debemos decidir cuándo y cómo moriremos”; no es raro que los tradicionalistas también se lamenten acerca de que la sociedad actual se ha deshumanizado, y que ahora la vida y la muerte han perdido el significado que poseían antes. Por el contrario, una opinión típicamente moderna afirma que no es conveniente hablar sobre la muerte, y que debemos entregar al paciente en las manos de la medicina actual, que sabe lo que hace y tiene los medios para hacer lo mejor; los modernistas, por lo general, también repiten que “mientras hay vida, hay esperanza”. Por último, un planteamiento característicamente posmoderno consiste en mantener que mi vida y mi muerte me pertenecen y que puedo (y debo) decidir autónomamente acerca de cómo terminar mis días. (En este grupo se cuentan los defensores más decididos de la legalización de la eutanasia.)

Si bien es sumamente interesante ver qué grupo social piensa qué cosa en la España contemporánea, el estudio de Aguiar et álii no es convincente a la hora de mostrar la correlación entre, por un lado, las “narrativas en torno al fin de la vida” (discursos tradicionales, modernos, posmodernos y todos los matices intermedios) y, por otro, la posición socioeconómica del actor social entrevistado. Creo que es importante desarrollar un modelo más complejo, refinado y empíricamente más sólido acerca de cómo la trayectoria socioeconómica de una persona condiciona su manera de entender la vida y la muerte y, de allí, su posición política en el debate en torno a la eutanasia. Afirmaciones como la que copio a continuación son demasiado generales (y carecen de la fundamentación empírica necesaria): “Estos discursos podrían organizarse por medio de modelos culturales del morir según la edad, la clase social, la educación y el hábitat de los individuos que tomaron parte en los grupos focalizados (el género, sin embargo, no hizo absolutamente ninguna diferencia en nuestros grupos).”

Bibliografía:

Fernando Aguiar et álii, “Dying with Meaning: Social Identity and Cultural Scripts for a Good Death in Spain”, Advances in Applied Sociology, vol. 3, núm. 2, 2013

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El derecho a la muerte asistida, ¿solo para pacientes terminales?

Es una verdad de Perogrullo el que ninguna norma jurídica es inmutable. Con el tiempo toda ley va “envejeciendo” o, mejor dicho, necesita ser modificada y adaptada a las nuevas circunstancias.

Desde 2016 Canadá cuenta con una ley que permite la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. Además, varios estados norteamericanos, siguiendo el modelo de Oregón, han cambiado sus legislaciones con el fin de introducir la posibilidad del suicidio asistido (no así de la eutanasia); entre los ejemplos más recientes recordemos el de California y Colorado (2016), el de Washington DC (2017) y el de Hawái y Nueva Jersey (2019).

Si bien estamos hablando de casos recientes (ninguno ha cumplido el lustro), existe ya cierta presión ejercida por bioéticos, juristas y activistas con el fin de llevar a que esas leyes se reformen y amplíen sus criterios, de modo que un mayor número de pacientes pueda acceder a una muerte asistida. ¿Qué tipo de paciente puede solicitar ayuda para morir en Canadá y en los estados norteamericanos citados? Hay dos condiciones fundamentales e inamovibles: una de ellas tiene que ver con la capacidad mental del paciente que solicita la asistencia a la muerte, mientras que la otra se refiere a la presencia de dolores físicos y/o sufrimientos psicológicos insoportables.

Ahora bien, estas legislaciones incorporan una cláusula más: la proximidad de la muerte. En otras palabras, sólo un paciente podrá ser candidato a la asistencia eutanásica si se encuentra en un estado terminal. Así, la eutanasia y el suicidio asistido solo acelerarían la llegada de un acontecimiento inminente: la muerte.

Como es difícil determinar la duración del estado terminal de un paciente, por lo general se maneja el plazo más o menos arbitrario que ronda en los seis meses. O sea, se considera que si un paciente tiene una expectativa de vida igual o menor a los seis meses, está en condiciones de solicitar ayuda médica para morir.

En un artículo publicado recientemente, Kevin Reel analiza pormenorizadamente y rechaza el criterio de la inminencia de la muerte. ¿Por qué la ley debe excluir de este derecho a aquellos pacientes, se pregunta Reel, que, a pesar de ser legalmente capaces y de padecer continuamente sufrimientos horribles, no poseen un pronóstico de vida de seis meses como máximo?

Reel examina el caso de pacientes que se hallan en condiciones deplorables, que quieren morir pero que, en virtud de su complexión física y de la asistencia médica que reciben, podrían seguir en vida por años. Aquí se encuentran, por ejemplo, personas (a) con daños severos en la espina; (b) con síndrome de enclaustramiento o cautiverio; (c) con atrofias que afectan múltiples sistemas; (d) con la enfermedad de Huntington.

Los argumentos que presenta Reel son convincentes. Si el paciente es consciente y toma una decisión informada, poco interesa que cuente con seis días, seis meses o seis años de vida. Para una persona con una enfermedad incurable que le genera continuos padecimientos físicos y morales, la vida puede haber perdido toda su calidad y todo su valor, y por ello la opción por ponerles fin a sus días, meses o años puede ser la única elección razonable.

Es cierto que una ley, cualquiera sea, no puede atender a cada uno de los casos reales o posibles; la ley forzosamente debe generalizar. Sin embargo, la conclusión de Reel es que la generalización no ha de tener un peso excesivo, sobre todo cuando ello anula la consideración de algunos casos especiales. Por ello el autor insiste en “la necesidad de evitar los enfoque que generalicen en exceso cuando se trata de restringir las opciones como la de la muerte asistida”.

Sin embargo, creo que hay que actuar con pragmatismo. En países como Argentina, con autoridades reacias a implementar cambios en materia de bioética, una propuesta de ley demasiado «amplia» o «liberal» no tendría prácticamente ninguna posibilidad de éxito. Mejor es presentar proyectos de normas que serán ciertamente «restrictivos», pero que con el tiempo podrán constituir la base sobre la cual ejercer enmiendas y revisiones. En bioética, una cambio de legislación modesto es mejor que ningún cambio.

Bibliografía:

Kevin Reel, “Denying Assisted Dying Where Death is Not ‘Reasonably Foreseeable’: Intolerable Overgeneralization in Canadian End-of-Life Law”, Canadian Journal of Bioethics, 1(3), 2018

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El debate en torno a la eutanasia en Canadá: algunas lecciones

La eutanasia voluntaria y el suicidio asistido son legales en todo el territorio de Canadá desde 2016. La ley de ese país agrupa ambas prácticas en una categoría general, la de la asistencia médica a la muerte (medical assistance in dying).

A tres años de vigencia de la ley canadiense, son muchas las cuestiones que pueden debatirse. Un sector importante de médicos, juristas, bioéticos y de la población en general consideran, por ejemplo, que la ley ha constituido un primer buen paso, pero que ya va siendo hora de introducir ciertas modificaciones en el texto.

Más allá de la discusión en torno a la conveniencia o no de reformar y ampliar una ley de estas características a tan solo unos años de su adopción, lo cierto es que Canadá no terminó desembocando en la barbarie que vaticinaban los opositores: la sociedad no se convirtió en un “club de suicidas” ni se dieron las terribles consecuencias que se anunciaban. Por el contrario, ahora la persona gravemente enferma y sin posibilidades de cura, aquejada por sufrimientos físicos y morales, puede terminar sus días del modo que lo prefiera y en el momento que lo decida.

En este contexto es muy aleccionador releer algunos de los debates que se dieron antes y durante el proceso de deliberación que concluyó con la legalización definitiva de la eutanasia en 2016. Por ejemplo, hay un artículo de José Pereira que me gustaría comentar aquí. Pereira, un médico canadiense, eran en los años previos a la legalización un activo opositor con todas las credenciales universitarias.

En su artículo de 2011, “Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls”, aparecido en Current Oncology, vol. 18, núm. 2, Pereira pinta un escenario terrible. Mezclando un par de afirmaciones correctas con muchas imprecisiones y, sobre todo, con varias aseveraciones falsas, sostiene que los países que hasta aquel entonces legalizaron la eutanasia o el suicidio asistido se despeñaron, cayendo así en una pendiente de creciente permisividad que habría llevado a que cualquiera pueda terminar su vida caprichosamente o que un médico pueda matar legalmente a un paciente cuando se le ocurra que ya no tiene sentido mantenerlo en vida.

Quiero aclarar que el tema de la legalización de la eutanasia, como ya escribí en este blog varias veces, no es algo para tomar a la ligera, sino todo lo contrario. Deben existir controles y salvaguardias que aseguren la correcta aplicación de la ley. El hecho de que en Holanda se hayan encontrado algunas irregularidades no constituye una razón válida para repetir el consabido argumento de la pendiente resbaladiza y concluir que la legalización de la eutanasia inmediatamente conlleva a la corrupción de la moralidad.

Permítanme traducirles parte de la conclusión del artículo de Perreira: “En 30 años, los Países Bajos han pasado de la eutanasia de personas con enfermedades terminales a la eutanasia de aquellos que son enfermos crónicos; de la eutanasia por enfermedad física a la eutanasia por enfermedad mental; de la eutanasia por enfermedad mental a la eutanasia por abatimiento psicológico o por sufrimiento moral; y ahora a la eutanasia simplemente si una persona ha superado la edad de 70 años y está “cansada de vivir”. Los protocolos holandeses de la eutanasia han pasado asimismo de los pacientes conscientes que daban consentimiento explícito a los pacientes inconscientes incapaces de dar consentimiento. […] En los Países Bajos, la eutanasia ha pasado de ser una medida de último recurso a ser una de intervención prematura. Bélgica ha seguido este camino y hay pruebas preocupantes de surgen de Oregón […]” (pág. 43).

¡Qué disparates! Quien quiera descubrir todas las imprecisiones, las afirmaciones incorrectas y las falsedades sobre las que se basa Pereira, puede consultar el minucioso artículo de J. Downie, K. Chambaere y J. L. Bernheim, aparecido un año después en la misma revista (“Pereira’s attack on legalizing euthanasia or assisted suicide: smoke and mirrors”, Current Oncology, vol. 19, núm. 3, 2012).

Por lo pronto, el primer informe serio sobre la situación de fin de vida en Holanda fue el famoso Informe Remmelink, publicado en 1991, o sea, 20 años antes del artículo de Pereira. ¿De dónde extrae entonces las conclusiones que le permiten delinear la evolución de la sociedad holandesa a lo largo de tres décadas?

Que la aplicación de la ley en los Países Bajos no haya sido escrupulosa y que los controles y las salvaguardias holandesas dejen mucho que desear, es algo sobre lo que podemos y debemos dialogar. Pero el escenario apocalíptico que describe Pereira está lejos de ser exacto.

Además, si podemos decir que la situación es inquietante en los Países Bajos, no nos es dado afirmar lo mismo de las restantes sociedades que han legalizado la eutanasia y/o el suicidio asistido. Por lo que me consta, en Bélgica la aplicación de la ley no ha dado lugar al número de casos problemáticos de Holanda. De Oregón, que incluso legalizó el suicidio asistido un lustro antes que Holanda y que por lo tanto la ley ya cumplió 22 años de aplicación, todo lo que puede decirse es que el número de suicidios asistido ha seguido un ritmo constante: no se constata ningún precipicio moral.

Insisto: que la asistencia médica a la muerte sea algo delicado, es algo fuera de duda. Es absolutamente necesario contar con controles efectivos que aseguren el cumplimiento de los requisitos que estipula la ley. De lo que sí estoy seguro es de que los escenarios tremendistas de poco ayudan a una discusión seria sobre la legalización de la eutanasia.

Por otro lado, ¿cuál es la alternativa que proponen opositores como Pereira a la legalización? Al final de su artículo, este autor lo anuncia de pasada: medicina paliativa y sedación terminal. Sobre la primera no quiero detenerme, ya que considero que es fundamental la paliación pero que no soluciona todos los casos; es imprescindible, pero no es la panacea. Sobre la sedación terminal lo único que quiero decir ahora es que, en el contexto en que estamos discutiendo, no es más que una forma velada de eutanasia. Es curioso que un autor como Pereira se oponga a la legalización de la eutanasia voluntaria por una serie de razones –algunas atendibles, otras imaginarias–, para luego aceptar sin más reparos el uso de la sedación terminal, que acarrea muchos más riesgos de abuso que la práctica de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido.

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Muerte y muerte de la persona

No es posible dar una definición sencilla de la muerte. Un biólogo puede decir, por ejemplo, que en el caso de los animales superiores, como los mamíferos, la muerte ocurre cuando el organismo deja (irreversiblemente) de funcionar como una totalidad. Un gato está muerto desde el momento en que su organismo ya no funciona como un sistema integrado. Esta definición centrada en el nivel orgánico no se ve afectada por el hecho de que algunas de las partes de ese organismo muerto puedan seguir viviendo un tiempo más. Todos sabemos que a los muertos les siguen creciendo las uñas y los pelos varios días después del entierro.

En el caso del hombre, la definición de la muerte es más compleja aún, porque, hasta cierto punto, es correcto distinguir el organismo, por un lado, y la persona, por otro, sobre todo en esta época en que la medicina hace posible la reanimación y el mantenimiento del paciente gracias al soporte tecnológico brindado a ciertas funciones vitales. Así, es posible que un organismo humano siga vivo, aún cuando alguno de sus órganos y sistemas constitutivos hayan muerto –y hayan sido, paralelamente, reemplazados por aparatos de sostén vital–. El ejemplo más claro es el del paciente en estado de coma irreversible, mantenido en vida en la unidad de terapia intensiva.

La persona humana “emerge” gracias al sustrato que le provee el complejo organismo de nuestra especie Homo sapiens, pero no se identifica con él. En consecuencia, un embrión humano no es (aún) una persona, y un paciente en coma irreversible no es (ya más) una persona. El organismo humano es condición necesaria, pero no suficiente, para que se desarrolle la persona, sobre todo cuando ese organismo no posee aún (o no posee ya más) un sistema nervioso en (adecuado) funcionamiento.

Es descabellado querer localizar en el encéfalo humano una región nítidamente delimitada en la que se escondería la personalidad; tal reduccionismo nace de una burda simplificación. Pero lo cierto es que la persona humana termina en el momento en que el cerebro deja de funcionar, en especial, las regiones que componen la corteza cerebral. Una vez que se apaga por completo y para siempre la actividad de la corteza cerebral, el organismo ya no podrá albergar a una persona humana, aún cuando el resto del cuerpo e incluso las regiones inferiores del cerebro sigan funcionando.

Para mucha gente –y para la mayoría de los legisladores– este criterio, centrado en la muerte de la corteza cerebral, es demasiado restrictivo. A partir de la década de 1960 quedó en claro, en especial gracias al desarrollo de la trasplantología, que el criterio que se basaba en la muerte cardiopulmonar era inadecuado. Por eso se optó por la definición de la muerte como muerte cerebral; sin embargo, el consenso actualmente vigente es que ello implica la extinción de la actividad de todo el cerebro, no solo de la corteza.

Tal concepción lleva a algunas situaciones difícilmente sostenibles. Por ejemplo, un paciente en estado vegetativo permanente ya ha dejado de ser una persona (está muerto como persona), si bien muchos consideran que es un crimen quitarle todo el sostén farmacológico y tecnológico que mantiene a ese organismo en vida.

Cierro con una cita de William R. Clark que en parte resume lo que he querido decir:

Por cierto, la muerte debe tener también un significado biológico independientemente de la condición humana. En la muerte de nuestras células no somos diferentes de todos los otros organismos de la tierra, condenados a morir como la condición de haber nacido. […] normalmente pensamos la muerte en términos de muerte de la persona, el conjunto integrado y compuesto por la personalidad psicológica, la voluntad, la memoria, la pasión y tantas otras cosas que nos hacen únicos a cada uno de nosotros […] y la pérdida de la persona es vista cada vez más como uno de los momentos más importantes de la muerte humana.

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Eutanasia y medicina paliativa en Canadá

En un artículo publicado recientemente, Lori Seller et álii analizan algunos aspectos éticos que plantea la solicitud de eutanasia voluntaria en las últimas semanas o, incluso, en los últimos días de vida del paciente.

Es importante señalar que los autores del estudio no están en contra de la práctica eutanásica, toda vez que se realice correctamente, esto es, conforme a la ley canadiense, que es donde centran su investigación. La preocupación de los autores parece ser más bien el que se evite un recurso excesivo a la eutanasia, en particular que no se descarten otras vías en la fase final de la vida del paciente, en particular, que no queden sin explorar las posibilidades que ofrece en la actualidad la medicina paliativa.

También conviene indicar que los autores no esgrimen un argumento que hasta hace unos años era bastante popular entre los críticos de la eutanasia voluntaria, argumento que se podría resumir de esta manera: “Si existiese en una sociedad dada un excelente servicio público de medicina paliativa, entonces el número de pacientes o inclusive de personas que estarían dispuestas a solicitar ayuda médica para morir se reduciría prácticamente a cero. Por lo tanto, la eutanasia no es solamente un recurso extremo, sino también innecesario: más que abogar por la legalización de la muerte voluntaria, tenemos que empeñarnos por mejorar la oferta de medicina paliativa en nuestros países.”

Este argumento ha demostrado ser incorrecto, sobre todo a partir de los estudios que se realizaron en Bélgica tras la legalización de la eutanasia voluntaria una década atrás. En efecto, en ese país no ha sido posible establecer una correlación entre (a) el mejoramiento del servicio de paliación con que cuenta (que ya de por sí es muy bueno) y (b) la disminución de solicitudes de eutanasia. Es más, las investigaciones señalan lo contrario, que un óptimo servicio de medicina paliativa además de ser compatible con la práctica eutanásica, la promueve, ya que el paciente que cuenta con una buena asistencia farmacológica, clínica, fisioterapéutica, psicológica e incluso espiritual, puede generar una forma de encarar sus últimos días que incluya la aceleración voluntaria del arribo de la muerte. Muchas veces el sostén físico y mental puede decantar en el deseo «madurado» por acortar la fase final de la vida, cuando esta está plagada de dolores físicos y de sufrimientos morales intolerables e intratables.

El punto del artículo en cuestión podría resumirse de esta manera. En Canadá, pese a todos los avances que ha habido en materia médica, sigue prevaleciendo una mentalidad centrada en la curación, en desmedro de la medicina paliativa. Esto tiene una enorme desventaja que se traduce, por ejemplo, en que los médicos que siguen al paciente gravemente enfermo (médicos clínicos, oncólogos, cardiólogos, etc., en el caso de enfermos de cáncer, cardiópatas, etc.) raramente discuten con el paciente las alternativas que ofrece la medicina paliativa. Por tanto, la única “salida” que encuentra el paciente desde hace unos años (desde la despenalización primero e, inmediatamente después, desde la legalización de la eutanasia en el territorio canadiense) es la de solicitar la eutanasia semanas o días antes del inevitable final. Si el repertorio de opciones para planificar el propio final de vida fuese mayor y, sobre todo, si el paciente conociese esas alternativas mucho antes, entonces el recurso “extremo” a la eutanasia sería menor.

Para dar una idea más cabal del asunto: de todas las muertes ocurridas en Canadá en el período 2015-2017 (en que se centra el estudio), el 0,9 por ciento han sido gracias a la ayuda médica para morir (en inglés, MAiD, esto es medical aid in dying).

Personalmente, considero que la cifra, que ronda el 1%, no es problemática, sobre todo cuando se la compara con otras sociedades que han introducido la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. De todos modos, haciéndome eco de los autores, también pienso que la eutanasia debería ser el último recurso, cuando primero se han probado todas las otras vías, no solamente las que ofrece la medicina curativa, sino también la medicina paliativa. De todos modos, soy menos optimista que los autores en la posibilidad de cambiar la mentalidad médica. Por más que se hable de la necesidad de dar un giro y de desarrollar más la medicina paliativa, la curación sigue siendo el paradigma indiscutible de todos los sistemas de salud. Un cambio que redunde en un equilibrio entre la curación y la paliación implica un proceso de transformación que acarreará muchas décadas, en el mejor de los casos.

Un dato revelador del artículo es el siguiente. De todas las solicitudes de eutanasia presentada por los pacientes canadienses, sólo algo más de la mitad (54%) termina traduciéndose en muertes asistidas. En el 46 por ciento de los casos restantes el paciente muere o pierde su capacidad mental en el lapso, relativamente breve, que la ley establece para la ejecución de las solicitudes correctamente presentadas. Esto habla a las claras de que la cuestión de cómo el paciente desea pasar sus últimos días es algo que se plantea cuando prácticamente ya es “demasiado tarde”.

Es más: el número de eutanasias sería mucho menor en Canadá, si no se hiciera valer una excepción que contempla la ley. Concretamente: la ley establece que si el paciente se halla en un estado sumamente crítico, es posible reducir el número de diez días (para ello, dos médicos deben certificar que el interesado cuenta con solo horas o días de vida/conciencia por delante). De este modo, el 60 por ciento de los casos de eutanasia en Canadá ocurren seis días después de presentadas y aprobadas las solicitudes, esto es, cuatro antes de lo previsto por la normativa vigente.

Bibliografía:

Lori Seller, Marie-Eve Bouthillier y Veronique Fraser, “Situating requests for medical aid in dying within the broader context of end-of-life care: ethical considerations”, J Med Ethics, 2018

Para el caso belga puede consultarse el siguiente estudio:

L. van den Block, R. Deschepper, J. Bilsen, N. Bossuyt, V. van Casteen y L. Delieus, „Euthanasia and other end of life decisions and care provided in final three months of life: nationwide retrospective study in Belgium”, BMJ, 2009

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Vagón de tren usado como taquilla, Parnés, Ática

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Academia de Atenas, Centro de Investigación Biomédica

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Academia de Atenas, Centro de Investigación Biomédica

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En defensa de la gestación subrogada

A continuación copio íntegramente el editorial aparecido ayer, lunes 1 de octubre de 2018, en La Nación. Voy a ir intercalando mis comentarios al texto ya que creo que los argumentos que se presentan contra la gestación subrogada son incorrectos. Sigo pensando que este tipo de gestación debería ser legalizado, si no en nuestro país -que en materia de bioética está muy atrasado- al menos en otras sociedades más modernas.

El gobierno socialista español se ha mostrado en contra de los vientres en alquiler. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Carmen Calvo, ha dicho al respecto: «Algunos lo llaman gestación subrogada, pero se trata de una compraventa que es particularmente grave porque se usa el cuerpo de las mujeres más pobres (…) El deseo de paternidad de hombres y mujeres es entendible, pero el deseo no es un derecho. Sin embargo, las mujeres y los niños sí tienen derechos y los derechos están por encima de los deseos y los intereses». Palabras señeras que se complementan con el activismo de la ONG Femen, cuyas adherentes se manifestaron a pecho descubierto con la leyenda «mi vientre no se alquila». Trescientas ONG integrantes de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres solicitan una prohibición legal a nivel internacional de la práctica, que consideran una violación de la dignidad de las mujeres y menores de edad.

No me interesa ahora detenerme en la posición del partido socialista español ni en las políticas que están tomando en este ámbito y en otros relacionados. Lo que sí, no creo que esas declaraciones sean «palabras señeras». Estoy totalmente a favor de proteger la dignidad de los hombres y, sobre todo, de las mujeres y de los niños, más aún cuando estos pertenecen a los sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos. Pero sinceramente me cuesta pensar que el «alquiler de vientres», como peyorativamente dicen estos opositores, constituya en sí mismo una violación a la dignidad de un ser humano.

En nuestro país, la filiación materna por naturaleza se establece con la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, y se inscribe con el certificado médico de quien atendió el parto de la mujer, a la que se atribuye la maternidad del nacido. Y en la filiación por procreación asistida el nacido es hijo de quien lo dio a luz. Esto es, la madre es quien da a luz al niño.

Bien, esto no hace más que probar lo anticuado que son muchos de los conceptos de nuestros códigos (civil y penal). Es necesario reformar la ley en este respecto. El cambio tecnológico, científico, médico y cultural nos obliga a modificar constantemente nuestro vocabulario y, sobre todo, nuestros conceptos jurídico-filosóficos. Si en el futuro se desarrollan incubadoras que podrán encargarse de la gestación del embrión y del feto, esto es, «desde la concepción hasta el nacimiento», ¿el empleado del registro civil argentino le va a otorgar la maternidad a la máquina?

Esto no quita que existan una infinidad de planteos sobre la eventual filiación del nacido por subrogación, pues la reclaman la donante del óvulo fecundado, los locadores del vientre, los adoptantes del niño nacido del vientre subrogado y la propia madre subrogante, como algunas de las variantes posibles, a las que se suman las de paternidades varias.

Estoy de acuerdo con que estamos frente a una nueva realidad que plantea una multitud de cuestiones espinosas y, a la vez, delicadas. Pero lo que hace aquí el editorialista es enmarañar gratuitamente la cuestión. Los locadores de viente, por caso, no van a salir a reclamar la filiación del bebé. Por eso afirmo, dicho sea de paso, que es necesario legalizar la gestación subrogada, no solo permitirla y «que sea lo que Dios quiera». Un marco legal claro, preciso y amplio debe llevar a despejar todas esas dudas respecto a la filiación desde el inicio.

Realmente resulta relevante lo destacado por la ministra española, que defiende la dignidad de la mujer, vulnerada con este comercio sobre su cuerpo que la cosifica, pues solo se alquilan las cosas, no las personas muy mal disfrazado de contrato gratuito, repleto de prestaciones que esconden la retribución y que termina por ser una forma más de explotación de mujeres necesitadas.

Aquí voy a decir sin rodeos mi opinión: no solamente estoy de acuerdo con la gestación subrogada, sino que creo que debería ser una prestación remunerada (y bien remunerada). Gestar un hijo es un trabajo y como cualquier otro trabajo debe recibir una contraprestación monetaria. Porque acaso ¿no es todo trabajo una forma de «alquiler del cuerpo»? La señora que limpia los baños de la sede de La Nación, ¿acaso no está alquilando sus manos, sus piernas, sus sentidos, para que los editorialistas y los periodistas puedan entonces escribir tranquilamente sus notas? El cajero del supermercado de la vuelta, ¿no está también alquilando su cuerpo ocho horas por día para que usted y yo podamos ir a comprar lo que necesitamos? ¿No será entonces que detrás del rechazo virulento al «alquiler de vientres» lo que se esconde es, lisa y llanamente, el puritanismo? Si una pareja necesita recurrir a una mujer para que geste su futuro hijo y le paga lo que dispone la ley (que debe ser un buen honorario) y la trata con respeto, ¿en qué sentido la está «cosificando»? ¿Qué significa acá «cosificar»? Ojo que estas palabras tienen un fuerte contenido ideológico.

A ello se suma el daño al niño y a la madre que lo alumbró, que han intercambiado información genética en el vientre materno, la que no se borra con la entrega al contratante y cuyo alcance no se ha terminado de medir. Sí se sabe que la madre gestante puede transmitir improntas genéticas de sus propios antepasados y que el microambiente materno actúa y produce efectos sobre el bebé, quien tiene memoria de su paso por la gestante. Madre gestante e hijo intrauterino tienen un diálogo químico entre sus propias células y una unidad de vida, una simbiosis. Habrá que contemplar los efectos psicológicos de esta separación de ambos antes del primer año de vida, conocida como depresión anaclítica de los niños.

No puedo leer este párrafo sin que se me paren los pelos de punta. En primer lugar, está claro que hay intercambio genético entre la mujer gestante y el embrión/feto, pero por más que aún quede por determinar cuán grande es ese intercambio, en ningún caso afecta la base genética suministrada por los padres. Cualquiera sea el porcentaje que aporte la gestante, el «núcleo duro» del futuro ser va a estar constituido por el aporte del padre y la madre biológico-genéticos. Por otro lado, ¿no se está argumentando aquí desde una concepción que supone una suerte de «pureza genética»? ¿Cuál sería el problema de admitir que la gestante dejó una cierta huella genética en el cuerpo del nuevo ser? ¿Se trata acaso de una «contaminación»? Y, sinceramente, ¿no significa el vivir en sociedad estar «contaminándose» permanentemente con los otros? Cuando llevo a mis niños por la mañana a la escuela y voy a buscarlos a la tarde, ¿no lo hago a sabiendas que los maestros y los compañeros terminarán influyendo en ellos -«contaminándolos»- tanto o más que lo que pueda hacer yo?

Coincidentemente con lo publicado por España, entendemos que, desde el punto de vista ético y moral, el alquiler de vientres implica la cosificación del niño, al afectar su dignidad; viola y produce un desmembramiento de su derecho a la identidad, pues tampoco hay una obligación que le permita conocer sus raíces biológicas; facilita el infame negocio del tráfico de niños; produce una instrumentalización de la madre gestante, y niega la importancia del vínculo intrauterino. Estamos frente a un problema humano muy profundo y difícil, un tema que deshumaniza al niño y a la mujer haciéndolos pasibles de cláusulas contractuales que atentan contra el principio básico de que el ser humano no puede ser objeto de transacciones.

¡Qué cantidad de afirmaciones dogmáticas que encierra este párrafo! En primer lugar, y como doctor en Filosofía, permítanme que le pregunte al autor de esta nota cuál es la diferencia entre «el punto de vista ético y moral». Pero más allá de esa sutileza, quiero señalar que acá lo único que se hace es sermonear sin dar razones de las afirmaciones vertidas. Se dice «el alquiler de vientes implica la cosificación del niño» sin ofrecer ningún argumento ni ninguna aclaración. También se dice: «Facilita el infame negocio del tráfico de niños», sin reconocer que ese tráfico se da justamente por la falta de la legalización de esta práctica. Si esta práctica médico-reproductiva estuviera permitida y correctamente legalizada, no sucedería lo que se denuncia ni en España, ni en Argentina, ni en otros lados.

Todo ello nos invita a seguir apostando por la naturaleza, por el orden natural de las cosas y por el respeto a la mujer y al niño.

Este párrafo final revela el conservadurismo chato del editorialista. «Seguir apostando por el orden natural de las cosas»… Pero ¿cuál es ese bendito orden natural? ¿El que estableció en un momento histórico dado y en una cultura determinada la Iglesia? ¿El que se desarrolló en una fase histórico-cultural específica, por ejemplo, en la Modernidad? ¡Hace cuánto que los filósofos vienen repitiendo que la «naturaleza» del ser humano es la cultura! Si debiéramos guiarnos por el «orden natural de las cosas», tendríamos que dejar de lado toda la medicina, porque la medicina es una alteración de ese orden… ¡y tendríamos que regresar a la época de nuestros antepasados simiescos! No más fertilización asistida, no más ecografías a la embarazada, no más cesarias, no más leche en polvo, no más anticonceptivos… ¡Bravo! Volvamos al orden natural de las cosas, a ese que, si existió, se extinguió hace ya más de un millón de años con la aparición del autralopiteco.

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